Documento de los obispos al término la 96ª Asamblea Plenaria de la Conferencia Episcopal Argentina (Pilar, 14 de noviembre de 2008)

Metas a alcanzar a la luz del Bicentenario

Los dramas que afectan fundamentalmente a los más desprotegidos, están íntimamente relacionados con profundas carencias morales y estructurales. Por eso, a la luz del principio de la dignidad inviolable de cada ser humano y de una concepción integral de la persona, nos parece imperioso proponer, con vistas al Bicentenario de la Nación, algunas metas que estimamos prioritarias para la construcción del bien común:

Recuperar el respeto por la familia y por la vida en todas sus formas.

Todo lo dicho será siempre provisorio y frágil, sin una educación y una legislación que transmitan una profunda convicción moral sobre el valor de cada vida humana. Nos referimos a la vida de cada persona en todas sus etapas, desde la concepción hasta la muerte natural. Especialmente pensamos en la vida de los excluidos e indefensos. También en la vida de las familias, lugar afectivo en el que se generan los valores comunitarios más sólidos y se aprende a amar y a ser amado.

Avanzar en la reconciliación entre sectores y en la capacidad de diálogo.

Una amistad social que incluya a todos, es el punto de partida para proyectarnos como comunidad, desafío que no hemos logrado construir en el transcurso de nuestra vida nacional. «Es necesario educar y favorecer en nuestros pueblos todos los gestos, obras y caminos de reconciliación y amistad social, de cooperación e integración».

Alentar el paso de habitantes a ciudadanos responsables.

El habitante hace uso de la Nación, busca beneficios y sólo exige derechos. El ciudadano construye la Nación, porque además de exigir sus derechos, cumple sus deberes. Hay una carencia importante de participación de la ciudadanía como agente de transformación de la vida social, económica y política. El verdadero ciudadano intenta cumplir todos los deberes derivados de la vida en sociedad.

Fortalecer las instituciones republicanas, el Estado y las organizaciones de la sociedad.

Aunque a veces lo perdamos de vista, la calidad de vida de las personas está fuertemente vinculada a la salud de las instituciones de la Constitución, cuyo deficiente funcionamiento produce un alto costo social. La calidad institucional es el camino más seguro para lograr la inclusión social. Asimismo, debemos fortalecer a las organizaciones de la sociedad.

Mejorar el sistema político y la calidad de la democracia.

Es imperioso dar pasos para concretar la indispensable y tan reclamada reforma política. También para afianzar la orgánica vitalidad de los diversos partidos y para formar nuevos dirigentes, reconociendo que las estructuras nuevas no producirán cambios significativos y estables sin dirigentes renovados, forjados en el aprecio y el ejercicio constante de los valores sociales. Es imprescindible lograr que toda la ciudadanía pueda tener una mayor participación en la solución de los problemas, para que así se supere el recurso al reclamo esporádico y agresivo y se puedan encauzar propuestas más creativas y permanentes. De este modo construiremos una democracia no sólo formal, sino real y participativa.

Afianzar la educación y el trabajo como claves del desarrollo y de la justa distribución de los bienes.

Urge otorgar capital importancia a la educación como bien público prioritario, que genere inclusión social y promueva el cuidado de la vida, el amor, la solidaridad, la participación, la convivencia, el desarrollo integral y la paz. Una tenaz educación en valores y una formación para el trabajo, unidas a claras políticas activas, generadoras de trabajos dignos, será capaz de superar el asistencialismo desordenado, que termina generando dependencias dañinas y desigualdad.

Implementar políticas agroindus­triales para un desarrollo integral.

Es necesario concretar un programa agropecuario y agroindustrial a nivel nacional, que integre en la vida del país todo lo que está vinculado a nuestra tierra. Por otra parte, se ha de alentar el desarrollo de las comunidades de los pueblos originarios y de las familias minifundistas, favoreciendo el derecho a la propiedad de la tierra que habitan y trabajan. Es prioritario apoyar la investigación y la inclusión científica y tecnológica de los diversos sectores en favor de las personas y de la sociedad.

Promover el federalismo.

Supone la necesaria y justa autonomía de las Provincias y sus Municipios con relación al poder central, no sólo referida al gobierno de esas jurisdicciones sino también a la coparticipación de los recursos. Esta autonomía entraña la promoción de las economías regionales y la igualdad en las condiciones de vida, y también el acceso a las libertades y derechos, especialmente en lo que respecta a la educación, a la salud, al trabajo y a la vivienda digna.

Profundizar la integración en la Región.

En estos tiempos que vivimos es tarea prioritaria revalorizar la integración regional, por ejemplo en el MERCOSUR, y también global, en el contexto de la creciente interdependencia de las naciones, conscientes que «los retrasos en la integración tienden a profundizar la pobreza y las desigualdades».

Conclusión

Les hemos escrito estas reflexiones con espíritu constructivo, sin dejar de interrogarnos sobre nuestras propias responsabilidades. Lo hacemos desde la fe en Jesucristo «que es la respuesta total, sobreabun­dante y satisfactoria a las preguntas humanas sobre la verdad, la justicia y la belleza». Tenemos siempre presente al Señor Jesús, que se angustió hasta las lágrimas cuando algunos en su tierra no aceptaban el mensaje de paz que él les ofrecía. Le pedimos que los argentinos, todos juntos, podamos hacer de esta bendita tierra una gran Nación justa y solidaria, abierta al Continente e integrada en el mundo. Nos acogemos a María Santísima, nuestra querida Madre de Luján, para que ofrezca esta sentida súplica a Aquel que es «el Camino, la Verdad y la Vida»